La "criticona" conquista el centro de Madrid a golpe de pedal

Desde el 30 de abril hasta el 3 de mayo, Madrid ha sido el escenario de las distintas actividades y marchas de una especie que cada día tiene más presencia en las ciudades europeas: los ciclistas. Así, la Criticona, principal agrupación de ciclistas urbanos en Europa, pedaleó la tarde del sábado por el centro de Madrid para reivindicar su derecho a ser parte activa del tráfico.

Por Adrián Verdugo (MamáTierra en CeroPretensiones)

La masa crítica se prepara para comenzar la marcha/ Adrián Verdugo

Eran las cinco de la tarde y la Cibeles lucía menos espléndida que de costumbre, la mirada perdida, como si ya se resignase ante la visita de los miles de merengues que, según todos los medios de comunicación, se le vendrían aquella noche encima. Pero no contaba con que la Bici crítica le había preparado una sorpresa para esa tarde y, por ello, había convocado a las masas críticas de toda Europa. El fin era claro: reclamar que las "bicis" también son tráfico.

La hora de inicio de la concentración estaba prevista a las 18:00 aunque media hora antes, la acera del Ayuntamiento en su esquina con Alcalá ya lucía abarrotada. Según pasaban los minutos, más y más ciclistas surgían de todas direcciones: bajaban la Castellana, subían desde Atocha, venían desde el Retiro o salían de la estación de Banco de España con sus bicicletas a la espalda. Aunque la Cibeles estaba acostumbrada a ver a la masa crítica madrileña el último jueves de cada mes, sus ojos no daban crédito ante la cantidad de ciclistas concentrados esa tarde. Y los que todavía quedaban por llegar.

Alrededor de las 18:30 la acera del Palacio de las Telecomunicaciones se ha quedado sin un adoquín libre entre rueda y rueda y es que, según Clara, miembro de la agrupación Bici crítica de Madrid, "la cantidad de gente ha superado nuestras expectativas. No sólo hay madrileños; también han venido desde Alemania, Francia, Holanda, Italia e, incluso, desde Canadá". Por ello, quince minutos después, los agentes de movibilidad se ven obligados a intervenir en la regulación del tráfico, que ya comenzaba a verse desbordado por la concentración ciclista.

Los agentes de movilidad controlan la concentración/Adrián Verdugo

Sería en ese momento cuando los ciclistas decidiesen dar por finalizada la concentración para comenzar con la marcha por el centro de Madrid. Faltaban unos minutos para las 19:00 cuando los ciclistas comenzaron con su espectáculo. ¡Y qué espectáculo! Ver a los coches y autobuses clavados en la calzada, ante el paso de cientos de ciclistas que hacen sonar sus bocinas y timbres herederos de otros tiempos, es una sensación que no tiene precio. Me pareció que incluso la Cibeles sonreía al recordar otras tardes en blanco y negro, cuando por delante de ella desfilaban antiquísimas bicicletas de paseo hacia el Retiro.

Y si la diosa sonreía, también lo hacían los madrileños y turistas que veían entre atónitos y divertidos como las "bicis" ocupaban la Puerta de Sol y la Plaza Mayor, para volver de nuevo hacia la calle Alcalá y continuar hacia su siguiente parada. Y mientras esperábamos a que llegase todo el mundo de su expedición por el centro de la capital, Clara nos contaba emocionada "que lo mejor de todo era que esto no está preparado; que cada uno utiliza la bici para expresar algo distinto. Mientras unos lo hacen por ecología; otros simplemente tratan de dignifica un medio de transporte barato y eficaz".

De marcha por Madrid/Adrián Verdugo

La tarde pasó volando y cuando la luz comenzó a menguar, la masa crítica decidió partir de nuevo. Sólo diez minutos de pedaleo les separaban de la última parada del día: el CSO El Dragón. Así, con el ánimo como único combustible se acomodaron en sus sillines para asistir a lo que sería un cierre de fiesta muy musical: contarían con las actuaciones de La Malarazza y Cingaro Drom (audio) para amenizar la velada. Pero, hasta que llegasen al centro social, dijeron que la nota musical correría de su cuenta. Y así fue como me despidieron, cantando "no es un deporte, sino un medio de transporte" mientras yo les perdía de vista a medida que cruzaban la Puerta de Alcalá.

Clara posa para nosotros/Adrián Verdugo

España es el centro del contrabando de especies maderables protegidas

El 22 de abril el Parlamento Europeo votaba una ley para luchar contra el comercio ilegal de madera en la Unión Europea. Ese mismo día, Greenpeace publicaba un informe donde se decribían los fallos y las negligencias de las Autoridades españolas en su lucha contra el tráfico ilegal de especies maderables. La Operación Tarima es el mejor reflejo de estas irregularidades.

Por Adrián Verdugo (MamáTierra en CeroPretensiones)

MIles de troncos de caoba en Brasil/ Greenpeace

Los traficantes de madera ilegal pueden tener sus días contados en la Unión Europea (UE). Exactamente hasta junio, cuando el debate sobre la necesidad de una legislación referente al comercio de madera en Europa vuelve a estar en la agenda política, con motivo de las próximas elecciones al Parlamento Europeo. Ese mes el Consejo de Agricultura de la UE decidirá si apoya la posición del Parlamento Europeo y vota a favor de una legislación fuerte para acabar con el tráfico de madera procedente de las talas ilegales. De ser favorable, las medidas aprobadas en la votación deberían entrar en vigor en un plazo máximo de dos años.

Y mientras Europa empieza a tomar conciencia frente al comercio ilegal de madera, la actividad de los traficantes no para. Una actividad que, aunque ignorada durante años por nuestros gobiernos, arroja unos datos escalofriantes. Así, desde 1990 hasta la actualidad, han desaparecido en el mundo cerca de ocho millones de hectáreas de bosque, fundamentalmente por las talas ilegales. Además, éstas no sólo destruyen la biodiversidad de los ecosistemas, sino que, también, contribuyen a elevar los níveles de corrupción y suponen graves pérdidas económicas a los paíseis productores en forma de evasión de impuestos.

Pero hay más datos. El volumen del comercio ilegal de animales y plantas ocupa, tras las drogas y las armas, el cuarto puesto en el ranking mundial del mercado negro. Esta afirmación la corroboran desde la organización internacional Traffic, cuyas investigaciones de 2007 estimaban que las transacciones ilegales de especies amenazadas movían alrededor de 20.000 millones de dólares al año.Sin embargo, esta problemática no es nueva y, para tratar de atajarla, se firmó el convenio CITES en 1973.

A pesar del exhaustivo trabajo que ha venido realizando el CITES, todavía queda mucho por hacer. Prueba de ello, la operación a escala mundial realizada por CITES y más de 90 administraciones aduaneras, que se saldó con la incautación de 4.630 especies entre animales y silvestres (inglés). Entre los informes de las noventa administraciones aduanera particpantes en el operativo, destacó sobremanera el de España, que en una única incautación detectó la entrada irregular de 80 piezas pertenecientes a 14 especies amenazadas diferentes. Estos hechos señalan que España es un país clave en el comercio ilegal de especies amenzadas.

MAdera confiscada en el estado de Pará/AP

El pasado 22 de abril Greenpeace España publicó el informe Comercio ilegal de maderas y aplicación del Convenio CITES, donde se reflejaban las investigaciones de la ONG entre los años 2002 y 2006 sobre cinco casos de importaciópn o posesión irregular de maderas de especies amenazadas incluidas en el Convenio CITES. Estos casos han puesto de manifiesto las graves carencias del sistema de control, así como la descordinación entre las diferentes autoridades implicadas y la inacción de las mismas. El más reciente, la Operación Tarima.

La operación Tarima y la inoperancia del Ministerio Fiscal

La Operación Tarima comenzó en el año 2005, cuando la Autoridad Administrativa CITES emitió una petición a la Sección de Consumo y Medio Ambiente de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) para que interviniese ciertas empresas valencianas que ofertaban en su página web palosanto de río (Dalbergia nigra), especie incluída en el Apéndice I del Convenio. Como en los otros cuatros casso presentados en el informe, la Autoridad Administrativa no tenía conocimiento de que dichas empresas comerciaran con especies maderables CITES.

Dalbergia nigra/Wikipedia

De este modo, el 31 de enero de 2006, miembros de la UCO entraron en los almácenes de dos empresas valencianas, encontrando en una de ellas maderas y contrachapados de especies recogidas en el convenio CITES, de las cuales la empresa no pudo acreditar la pertinente documentación. Estas partidas quedaron automáticamente precintadas y la UCO intervino listados sobre los stocks de madera de palosanto, así como información y facturas sobre las empresas exportadoras.

Tras esta operación, el Juzgado de Instrucción de Catarroja (Valencia) abrió diligencias contra la empresa acusada de tenencia ilícita de especies protegidas. Sin embargo, sería la actuación de los fiscales que instruyeron el caso los que desmerecieron la actuación de la UCO y del Juzgado de Instrucción. EL juez del caso, sin esperar a recibir el informe que la Autoridad Administrativa CITES estaba elaborando con la información remitida por la UCO y movido por la presión dellfiscal, archivó la causa el 5 de mayo de 2007. Pero para Greenepeace lo peor estaba aún por llegar: declaró el sobreseimiento provisional el 17 de mayo de 2007.

A pesar de los empeños de Greenpeace por reabrir el caso, el juez no ha revocado su decisión. Tampoco ha comunicado a la Autoridad Administrativa CITES el archivo de la misma y los hechos ni siquieran han sido sancionados por la vía administrativa. Por tanto, hasta el día de hoy, el delito sigue impune.

Con todo, además de la inoperancia de la Justicia española en la protección de las especies protegidas, el informe de Greenpeace ha puesto al descubierto una red de contrabando de maderas amenazadas con sede en España; redes de contrabando que, aunque no se sabe cómo entran en España, utilizan nuestro país como plataforma hacia otros países de la UE y extreacomunitarios. Y lo peor de todo, mientras Europa planea blindarse contra el tráfico de madera ilegal, en España se permite que quienes generan ese tráfico ilegal queden libres de cualquier responsabilidad penal y fiscal.

Los ecologistas exigen la paralización de las obras del puerto industrial de Granadilla

Las asociaciones ecologistas reclaman la anulación del estudio sobre el impacto ambiental del puerto de Granadilla, en Tenerife, y piden al Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino que actúe en defensa del ecosistema marino de la isla.

Por Adrián Verdugo (MamáTierra en CeroPretensiones)

Proyecto del puerto de Granadilla/Greenpeace

Greenpeace, WWF, Ecologistas en Acción y SEO/Birdlife son las organizaciones que han exigido la inmediata intervención del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino para finalizar con las irregularidades derivadas del trámite ambiental del Puerto de Granadilla. El punto más controvertido de sus exigencias se refiere a la anulación de la declaración de impacto ambiental del proyecto, aprobada en febrero de 2003.

Además, esta reclamación se complementa con la denuncia del grupo ecologista canario Ben Magec que, tras apelar a la legislación europea en materia de espacios protegidos, consiguió paralizar la Orden del Gobierno de Canarias, que pretendía descatalogar como especie protegida a las praderas submarinas de la costa de Granadilla de Abona, compuestas principalmente por sebadales (video).De haberse aprobado la Orden, los promotores del puerto habrían construido sobre este fondo marino de incalculable valor biológico.

Ante esta situación, los ecologistas, junto con el apoyo de la comunidad científica canaria, con el prestigioso botánico Wolfredo Wildpret de la Torre a la cabeza, han remitido a Elena Espinosa, ministra de Medio Ambiente, una petición para que declare los sebadales como especie protegida. De las misma manera se lo han exigido al Gobierno de Canarias, al que acusan de falta de transparencia y complicidad con los empresarios. Así, los grupos arremeten contra la posición de algunos políticos canarios, que respaldan la posición de los sectores empresariales y presionan al Tribunal Superior de Justicia de Canarias para que reinicie las obras del puerto.

En su defensa, Domingo Berriel, consejero de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias, alega que "es incorrecta la inclusión de los sebadales en el Catálogo Canario de Especiaes Amenazadas". Sin embargo, esta postura contrasta con la posición de los científicos canarios. Para Wolfredo Wildpret de la Torre resulta imprescindible la declaración de los sebadales de Canarias como "hábitat en peligro de desaparición". Además, el botánico ha denunciado que las obras también afectarían a otras especies de la REd Natura 2000, como la tortuga boba y la Reserva Natural de Montaña Roja.

Costa de Granadilla en Tenerife/Greenpeace

Por otra parte la sociedad civil también ha mostrado su rechazo contra el puerto de Granadilla. El pasado 14 de marzo fueron 50.000 personas las que, convocadas por Wildpret de la Torre, marcharon por las calles de Tenerife para protestar contra la construcción de este puerto industrial. Al final de la manifestación se hizo referencia al peritaje presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el que se dudaba de la viabilidad del proyecto, puesto que la Granadilla es una zona de fuertes vientos, lo que imposibilitaría el comercio aéreo y dificultaría bastante las tareas de carga y descarga.

Ante estas evidencias de fracaso y destrucción del medio ambiente, los grupos ecologistas plantean ampliar el Puerto de Santa Cruz de Tenerife, una solución que a su juicio resultaría más sostenible y económica que el puerto de Granadilla. Y esta parece ser la opción más adecuada, puesto que este planteamiento también es el que comparten desde la comunidad científica y desde la Plataforma Ciudadana contra el puerto de Granadilla.

Zaragoza acogerá el sabado la manifestación estatal contra los transgénicos

Bajo el lema "Por una alimentación y una agricultura libres de transgénicos" las asociaciones de agricultores y los grupos ecologistas marcharán el próximo sábado por las calles de la capital aragonesa para mostrar sus rechazo a los alimentos modificados genéticamente.
Por Adrián Verdugo (MamáTierra en CeroPretensiones)

Presentación de la manifestación por Greenpeace y Ecologistas en Acción/EA

El sábado 18 de abril, un día después de la celebración del Día Mundial de la Lucha campesina, las calles de Zaragoza serán escenario de una manifestación en defensa del derecho de la ciudadanía a consumir y producir alimentos 100% libres de Organismos Modificados Genéticamente (OMG). Convocada por la Plataforma Rural y diversos colectivos ecologistas, entre los que destacan Greenpeace y Ecologistas en Acción, la marcha arrancará a las 11:30 del Paraninfo de la Universidad de Zaragoza, desde donde recorrerá las calles de la capital aragonesa bajo el lema "Por una alimentación y una agricultura libres de transgénicos", hasta finalizar en la céntrica Plaza del Pilar.

La elección de Zaragoza como escenario de la manifestación no es casual y responde al hecho de que Aragón es la comunidad autónoma donde más transgénicos se cultivan al año. Según datos del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, del total de 79.269 hectáreas disponibles para el cultivo comercial de transgénicos, 31.857 fueron plantadas en suelo aragonés. La mayoría de estas hectáreas se dedicaron a la producción de maíz modificado genéticamente.

Sin embargo, aunque estas plantaciones no alcanzan el 25% de la superficie total destinada al cultivo de maíz en España, hay que señalar que la coexistencia es imposible y que compromete la supervivencia de los cultivos de maíz ecológico y tradicional. Este fenómeno incide muy negativamente sobre los agricultores. Diversos estudios confirman que los cultivos de maíz modificado genéticamente contaminan las plantaciones anexas cultivadas de manera tradicional. De este modo, además de verse forzados a bajar los precios para poder competir con los transgénicos, los agricultores tienen ahora que soportar las pérdidas generadas por esta contaminación.

Cartel de la convocatoria de la manifestación estatal en Zaragoza/Greenpeace

Ante estas evidencias, el Gobierno justifica su apoyo a los transgénicos escudándose en que la política en materia de OMG es competencia de la Comisión Nacional de Boiseguridad (CNB). No obstante, esta neutralidad contrasta con la política de rechazo a la proliferación de los transgénicos mantenida en Europa, donde el voto español sirvió para que la prohibición de cultivos modificados genéticamente se mantuviese en Austria y Hungría. En este sentido, las asociaciones de agricultores y los grupos ecologistas mantienen que la CNB no es un órgano imparcial en sus competencias sobre transgénicos.

Así, sobre algunos miembros de la CNB pesan acusaciones de prevaricación y de mantener relaciones con importantes empresas agrogéneticas. Entre los acusados se encuentran Pedro Castañera, RAfael Pérez Mellado, Pere Puigdomenech o Florentino Juste. El caso de este último resulta paradígmatico, puesto que comparte su cargo en la Comisión Nacional de Bioseguridad con el de director del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA), organismo que ha realizado numerosos proyectos financiados por multinacionales de la agrobiotecnología como Dow Agrosciences, BASF, Novartis18 y, también, de empresas productoras de maíz transgénico en España como Monsanto, Bayer o Syngenta.

Por otra parte, la manifestación del próximo sábado en Zaragoza no será el único acto de rechazo a los cultivos modificados genéticamente. Durante este mes, numerosas organizaciones realizarán movilizaciones por todo el país y tratarán recabar apoyo de los agentes sociales en distintas reuniones. Además, las reivindicaciones de agricultores y ecologistas estarán acompañadas de actividades de concienciación y actos informativos en los supermercados, con el objetivo de de demostrar el creciente rechazo que existe en nuestro país frente a los transgénicos, tanto por parte de los agricultores como de los consumidores.

El informe Auken censura los delitos urbanísticos en el litoral español

El Europarlamento reclama con este informe la congelación de fondos de cohesión europeos que financian muchos de los proyectos urbanísticos que no cumplen con la normativa europea y, además, denuncia la arbitrariedad del Gobierno español a la hora de aplicar la Ley de Costas.
Por Adrián Verdugo (MamáTierra en CeroPretensiones)

Margrete Auken a su salida del Europarlamento /Nicola Fasano

El Parlamento Europeo aprobó el pasado viernes, 27 de marzo, el informe de la europarlamentaria Margrete Auken (Los Verdes) sobre el impacto de la urbanización masiva en España y en los derechos de los ciudadanos europeos. A pesar de los intentos de los eurodiputados del PP y del PSOE por bloquear el informe Auken, el documento ya fue previamente aprobado el 20 de febrero por la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, por 22 votos a favor, 11 en contra y una abstención. No obstante, dado que el reglamento de la Eurocámara no permite enmendar en el pleno los informes de iniciativas como éste, los dos partidos elaboraron textos alternativos y buscaron sin éxito el apoyo de los grupos populares y socialistas europeos.

El informe incide fundamentalmente sobre tres cuestiones: la Ley de Costas, la laxitud de las autoridades a la hora de imponer la legislación europea en materia medioambiental y la responsabilidad de las administraciones central, autonómicas y locales ante las consecuencias medioambientales y socioeconómicas derivadas de un modelo de desarrollo insostenible.

Respecto a la actuación del Gobierno en la aplicación de la Ley de Costas, el documento aprobado en Estrasburgo considera que, en 2008, las autoridades españolas aprobaron unas instrucciones relativas a la aplicación de la Ley de Costas de 1988, ignorada durante muchos años, a lo largo de los cuales se han producido grandes daños medioambientales en las zonas costeras españolas.

Además, expone el carácter retroactivo de estas instrucciones y su desproporción, puesto que vulnera los derechos de los particulares por la demolición arbitraria de las propiedades que éstos adquirieron legítimamente mientras que, al mismo tiempo, no tiene un impacto suficiente sobre los responsables de la destrucción costera, a pesar de que estuviesen mejor situados para conocer que su actuación era contraria a las disposiciones de esta Ley.

En cuanto a la depuración de responsabilidades, el informe refleja que, en muchos casos documentados de problemas urbanísticos en España, las instituciones no sólo no han actuado con la suficiente firmeza respecto a la ejecución del principio de cautela de la legislación medioambiental sino que, también, les acusa de laxitud en la interpretación de los actos cometidos por las autoridades locales y regionales competentes en esta materia, sobre todo en los casos de "aprobación provisional" de numerosos planes de desarrollo urbanístico.

Esta ha sido la crítica que más ampollas ha levantado en la clase política de nuestro país, sobre todo en la del PP, partido que cuenta con la mayoría de alcaldías en los municipios de la Comunidad Valenciana y Murcia. Así, el conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda de la Comunidad Valenciana, Ramón García Antón, ha expresado su malestar con el informe Auken, calificándolo como un documento "totalmente intolerable y politizado".

En este mismo sentido, se ha pronunciado también la eurodiputada murciana del PP, Cristina Gutiérrez- Cortines, quien cargó las tintas contra la UE y el PSOE en una entrevista en el diario La Verdad, donde declaró que "existen fines electoralistas y el interés de determinados grupos de afear la imagen de España e impedir que acudan gentes a nuestras costas y compren viviendas".

Finalmente, tras la exposición de motivos del informe, el Parlamento Europeo plantea a nuestro país una serie de recomendaciones en una doble vía. Por un lado, pide al las autoridades españolas que velen por que ninguna expropiación encuentre su fundamento en una ley adoptada después de la fecha de construcción de la citada propiedad. Por otro, les exhorta a que deroguen todas las figuras legales que favorecen la especulación e insta a desarrollar una cultura de la transparencia dirigida a informar a la ciudadanía sobre la gestión del suelo.

La Unión Europea ha movido ficha. Ahora es el turno de nuestro Gobierno, al que se le debe exigir que esté a la altura de las nuevas circunstancias y que no se escude en la crisis económica para permitir construcciones que debería derribar. No es ningún secreto que la burbuja inmobiliaria se ha cimentado sobre el litoral; los datos del Observatorio de la Sostenibilidad de España así lo demuestran.

Por ello, remito al lector que quiera informarse más sobre esta cuestión a una noticia de Rafael Méndez, La Comunidad Valenciana construyó un 10 % de su costa en sólo seis años, en la que se analiza el desarrollo de la construcción en la costa española. También, resulta muy adecuado para conocer la situación del litoral español la lectura del informe de Greeenpeace Destrucción a toda costa 2008, donde se recogen, tan solo en el litoral, 67 casos de irregularidades urbanísticas en los tribunales, con 527 implicados en tramas de corrupción, de los cuales 174 eran cargos públicos.

España exporta electricidad sin recurrir a las centrales nucleares

El sistema eléctrico español está generando excedentes para la exportación, incluso con tres de sus ocho centrales nucleares totalmente paradas. Este saldo exportador favorable tiene su origen en el avance de las energías renovables durante el 2008, cuando se cubrió con energías renovables cerca del 25% de la demanda.

Acción de Greenpeace por el cierre de Garoña/Greenpeace

Desde el 2004, España es un país netamente exportador en lo que se refiere a energía eléctrica. Sin embargo, el lobby nuclear defiende repetidamente lo contrario, afirmando que nuestro país tiene una gran dependencia de la importación de electricidad que viene desde Francia. Con esta afirmación, los propietarios de las centrales nucleares sostienen la necesidad de mantener el parque nuclear español, a pesar de que su cierre progresivo es un compromiso del actual Gobierno.

Pero los datos aportados por la Red Eléctrica de España (REE) desmontan la teoría manejada por el lobby nuclear. Según la REE, los intercambios internacionales de electricidad del sistema eléctrico español registraron en el año 2008 un saldo exportador de 11.221GW/h , superando en más de un 70% al del 2007. Para la REE, este incremento se ha producido, fundamentalmente, por dos cuestiones: la evolución de las exportaciones, que el año pasado crecieron en España más que en ningún otro país; y por el descenso de un 30 % en el volumen de importaciones.

Además, este aumento en las exportaciones no se habría producido sin el crecimiento tan significativo que han experimentado las energías renovables durante el 2008, tanto en la potencia instalada como en la producción y la cobertura de la demanda. En este aspecto, la energía eólica ha cobrado un destacado papel, situando a España como tercera potencia mundial. Por su parte, la energía solar fotovoltaica también ha experimentado un gran auge, hasta el punto de que el nuestro ha sido el Estado donde más ha crecido este tipo de energía renovable durante el año pasado. No en vano, durante el 2008 se cubrió con energías renovables casi el 25% de la demanda nacional.

Por el contrario, las centrales nucleares han sufrido una importante pérdida de disponibilidad por causas no programadas y su cobertura de la demanda nacional ha sido del 18,3%. En la actualidad, un total de 2.619 MW nucleares está fuera de operación y, concretamente, son los referidos a las centrales de Garoña, Vandellós-2 y Trillo, que están acometiendo diversas reparaciones y realizando recargas de combustible. En este sentido se ha pronunciado el director de Greenpeace España, Juan López de Uralde, para quien "es cada vez más obvio que, gracias al avance de las renovables, el sistema eléctrico español puede asumir el cierre inmediato de la central nuclear de Garoña y un cierre progresivo pero urgente de las demás".

Desde Mamátierra compartimos la postura de Greenpeace y por extensión la de todas aquellas voces que reclaman la implantación de las energías renovables a pesar de encontrarnos en una coyuntura económica desfavorable, frente a las energías que, como la nuclear, camuflan su alta contaminación bajo una óptica de supuesta eficiencia económica. En este sentido, se ha pronunciado Ana Palacio, presidenta del grupo de energía nuclear francés AREVA y ex ministra de Asuntos Exteriores, quien ha defendido en un artículo titulado Nucleares: la cuestión de los residuos que la energía nuclear es fuente de energía nuclear limpia y necesaria para alcanzar una posición de alta competitividad.

No obstante son muchos los argumentos científicos que demuestran que la energía nuclear no puede ser catalogada como no contaminante y, mucho menos como limpia. Por ello, remitimos a las lectoras y lectores a la lectura del informe Una energía sin futuro: desmontando las mentiras de la industria nuclear, de modo que así conozcan la "otra cara" de lo que algunos llaman "energía nuclear limpia".

España vota contra la proliferación de cultivos transgénicos en Europa

Este martes, el Consejo de Ministros de Medio Ambiente de la Unión Europea(UE) ha rechazado la propuesta de la Comisión Europea que obligaba a determinados estados miembro a cultivar alimentos transgénicos. La votación en contra de más de 20 países, entre los que figura España, representa una gran victoria para el medio ambiente y los consumidores de la UE.

Vandana Shiva, premio Nobel alternativo 2008

Este resultado permite que en Hungría y Austria continúen las prohibiciones frente a los cultivos de MON 810, la variante de maíz transgénico de la transnacional Monsanto. Asimismo, en Austria también incide en la prohibición del T25, otra variedad de maíz transgénico propiedad de la farmacéutica Bayer. La moratoria de Hungría y Austria al cultivo de transgénicos está justificada por los estudios científicos recientemente realizados por ambos países.

En sus investigaciones, ambos países han aportado nuevas evidencias sobre el impacto de los cultivos transgénicos en la vida de los ecosistemas donde se desarrollan. Así, las evidencias empíricas han demostrado que las plantaciones del maíz MON 810 inciden negativamente en la calidad de los suelos, lo que a su vez implica un descenso considerable en la calidad de los cultivos naturales colindantes merma considerablemente.

Sin embargo, la negativa europea del Gobierno contrasta con su política nacional aplicada en materia de Organismos Modificados Genéticamente (OMG). Mientras los principales productores de maíz de la Unión Europea prohíben el cultivo de transgénicos amparándose en las evidencias empíricas sobre sus impactos ambientales y sanitarios, España se consolida como el principal productor de maíz trasgénico. El Gobierno permitió durante el año pasado la existencia de 80.000 hectáreas de maíz MON 810 en los campos españoles, la misma variedad contra la votó en la reunión del pasado martes.

En este sentido, son muchas las críticas que ha recibido España desde diferentes estratos de la sociedad. Uno de los más representativos es el integrado por Vandana Shiva, premio Nobel alternativo por su labor en defensa del medio ambiente y de los derechos de las mujeres en la India. Shiva visitó España en febrero para presentar la Declaración de la Sociedad Civil contra el uso de transgénicos en la agricultura y la alimentación, que denuncia los graves peligros de estos cultivos para la biodiversidad y la salud.

Durante el acto, la científica india señaló que “El ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino debe orientar la agricultura española hacia soluciones realmente progresistas y modernas, ambiental y socialmente sostenibles como la agricultura ecológica., Por su parte, Juan Felipe Carrasco, responsable de la campaña de transgénicos de Greenpeace, ha declarado que "es fundamental que la decisión española en la UE se traslade coherentemente a la política nacional de transgénicos".