El informe Auken censura los delitos urbanísticos en el litoral español

El Europarlamento reclama con este informe la congelación de fondos de cohesión europeos que financian muchos de los proyectos urbanísticos que no cumplen con la normativa europea y, además, denuncia la arbitrariedad del Gobierno español a la hora de aplicar la Ley de Costas.
Por Adrián Verdugo (MamáTierra en CeroPretensiones)

Margrete Auken a su salida del Europarlamento /Nicola Fasano

El Parlamento Europeo aprobó el pasado viernes, 27 de marzo, el informe de la europarlamentaria Margrete Auken (Los Verdes) sobre el impacto de la urbanización masiva en España y en los derechos de los ciudadanos europeos. A pesar de los intentos de los eurodiputados del PP y del PSOE por bloquear el informe Auken, el documento ya fue previamente aprobado el 20 de febrero por la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, por 22 votos a favor, 11 en contra y una abstención. No obstante, dado que el reglamento de la Eurocámara no permite enmendar en el pleno los informes de iniciativas como éste, los dos partidos elaboraron textos alternativos y buscaron sin éxito el apoyo de los grupos populares y socialistas europeos.

El informe incide fundamentalmente sobre tres cuestiones: la Ley de Costas, la laxitud de las autoridades a la hora de imponer la legislación europea en materia medioambiental y la responsabilidad de las administraciones central, autonómicas y locales ante las consecuencias medioambientales y socioeconómicas derivadas de un modelo de desarrollo insostenible.

Respecto a la actuación del Gobierno en la aplicación de la Ley de Costas, el documento aprobado en Estrasburgo considera que, en 2008, las autoridades españolas aprobaron unas instrucciones relativas a la aplicación de la Ley de Costas de 1988, ignorada durante muchos años, a lo largo de los cuales se han producido grandes daños medioambientales en las zonas costeras españolas.

Además, expone el carácter retroactivo de estas instrucciones y su desproporción, puesto que vulnera los derechos de los particulares por la demolición arbitraria de las propiedades que éstos adquirieron legítimamente mientras que, al mismo tiempo, no tiene un impacto suficiente sobre los responsables de la destrucción costera, a pesar de que estuviesen mejor situados para conocer que su actuación era contraria a las disposiciones de esta Ley.

En cuanto a la depuración de responsabilidades, el informe refleja que, en muchos casos documentados de problemas urbanísticos en España, las instituciones no sólo no han actuado con la suficiente firmeza respecto a la ejecución del principio de cautela de la legislación medioambiental sino que, también, les acusa de laxitud en la interpretación de los actos cometidos por las autoridades locales y regionales competentes en esta materia, sobre todo en los casos de "aprobación provisional" de numerosos planes de desarrollo urbanístico.

Esta ha sido la crítica que más ampollas ha levantado en la clase política de nuestro país, sobre todo en la del PP, partido que cuenta con la mayoría de alcaldías en los municipios de la Comunidad Valenciana y Murcia. Así, el conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda de la Comunidad Valenciana, Ramón García Antón, ha expresado su malestar con el informe Auken, calificándolo como un documento "totalmente intolerable y politizado".

En este mismo sentido, se ha pronunciado también la eurodiputada murciana del PP, Cristina Gutiérrez- Cortines, quien cargó las tintas contra la UE y el PSOE en una entrevista en el diario La Verdad, donde declaró que "existen fines electoralistas y el interés de determinados grupos de afear la imagen de España e impedir que acudan gentes a nuestras costas y compren viviendas".

Finalmente, tras la exposición de motivos del informe, el Parlamento Europeo plantea a nuestro país una serie de recomendaciones en una doble vía. Por un lado, pide al las autoridades españolas que velen por que ninguna expropiación encuentre su fundamento en una ley adoptada después de la fecha de construcción de la citada propiedad. Por otro, les exhorta a que deroguen todas las figuras legales que favorecen la especulación e insta a desarrollar una cultura de la transparencia dirigida a informar a la ciudadanía sobre la gestión del suelo.

La Unión Europea ha movido ficha. Ahora es el turno de nuestro Gobierno, al que se le debe exigir que esté a la altura de las nuevas circunstancias y que no se escude en la crisis económica para permitir construcciones que debería derribar. No es ningún secreto que la burbuja inmobiliaria se ha cimentado sobre el litoral; los datos del Observatorio de la Sostenibilidad de España así lo demuestran.

Por ello, remito al lector que quiera informarse más sobre esta cuestión a una noticia de Rafael Méndez, La Comunidad Valenciana construyó un 10 % de su costa en sólo seis años, en la que se analiza el desarrollo de la construcción en la costa española. También, resulta muy adecuado para conocer la situación del litoral español la lectura del informe de Greeenpeace Destrucción a toda costa 2008, donde se recogen, tan solo en el litoral, 67 casos de irregularidades urbanísticas en los tribunales, con 527 implicados en tramas de corrupción, de los cuales 174 eran cargos públicos.

España exporta electricidad sin recurrir a las centrales nucleares

El sistema eléctrico español está generando excedentes para la exportación, incluso con tres de sus ocho centrales nucleares totalmente paradas. Este saldo exportador favorable tiene su origen en el avance de las energías renovables durante el 2008, cuando se cubrió con energías renovables cerca del 25% de la demanda.

Acción de Greenpeace por el cierre de Garoña/Greenpeace

Desde el 2004, España es un país netamente exportador en lo que se refiere a energía eléctrica. Sin embargo, el lobby nuclear defiende repetidamente lo contrario, afirmando que nuestro país tiene una gran dependencia de la importación de electricidad que viene desde Francia. Con esta afirmación, los propietarios de las centrales nucleares sostienen la necesidad de mantener el parque nuclear español, a pesar de que su cierre progresivo es un compromiso del actual Gobierno.

Pero los datos aportados por la Red Eléctrica de España (REE) desmontan la teoría manejada por el lobby nuclear. Según la REE, los intercambios internacionales de electricidad del sistema eléctrico español registraron en el año 2008 un saldo exportador de 11.221GW/h , superando en más de un 70% al del 2007. Para la REE, este incremento se ha producido, fundamentalmente, por dos cuestiones: la evolución de las exportaciones, que el año pasado crecieron en España más que en ningún otro país; y por el descenso de un 30 % en el volumen de importaciones.

Además, este aumento en las exportaciones no se habría producido sin el crecimiento tan significativo que han experimentado las energías renovables durante el 2008, tanto en la potencia instalada como en la producción y la cobertura de la demanda. En este aspecto, la energía eólica ha cobrado un destacado papel, situando a España como tercera potencia mundial. Por su parte, la energía solar fotovoltaica también ha experimentado un gran auge, hasta el punto de que el nuestro ha sido el Estado donde más ha crecido este tipo de energía renovable durante el año pasado. No en vano, durante el 2008 se cubrió con energías renovables casi el 25% de la demanda nacional.

Por el contrario, las centrales nucleares han sufrido una importante pérdida de disponibilidad por causas no programadas y su cobertura de la demanda nacional ha sido del 18,3%. En la actualidad, un total de 2.619 MW nucleares está fuera de operación y, concretamente, son los referidos a las centrales de Garoña, Vandellós-2 y Trillo, que están acometiendo diversas reparaciones y realizando recargas de combustible. En este sentido se ha pronunciado el director de Greenpeace España, Juan López de Uralde, para quien "es cada vez más obvio que, gracias al avance de las renovables, el sistema eléctrico español puede asumir el cierre inmediato de la central nuclear de Garoña y un cierre progresivo pero urgente de las demás".

Desde Mamátierra compartimos la postura de Greenpeace y por extensión la de todas aquellas voces que reclaman la implantación de las energías renovables a pesar de encontrarnos en una coyuntura económica desfavorable, frente a las energías que, como la nuclear, camuflan su alta contaminación bajo una óptica de supuesta eficiencia económica. En este sentido, se ha pronunciado Ana Palacio, presidenta del grupo de energía nuclear francés AREVA y ex ministra de Asuntos Exteriores, quien ha defendido en un artículo titulado Nucleares: la cuestión de los residuos que la energía nuclear es fuente de energía nuclear limpia y necesaria para alcanzar una posición de alta competitividad.

No obstante son muchos los argumentos científicos que demuestran que la energía nuclear no puede ser catalogada como no contaminante y, mucho menos como limpia. Por ello, remitimos a las lectoras y lectores a la lectura del informe Una energía sin futuro: desmontando las mentiras de la industria nuclear, de modo que así conozcan la "otra cara" de lo que algunos llaman "energía nuclear limpia".

España vota contra la proliferación de cultivos transgénicos en Europa

Este martes, el Consejo de Ministros de Medio Ambiente de la Unión Europea(UE) ha rechazado la propuesta de la Comisión Europea que obligaba a determinados estados miembro a cultivar alimentos transgénicos. La votación en contra de más de 20 países, entre los que figura España, representa una gran victoria para el medio ambiente y los consumidores de la UE.

Vandana Shiva, premio Nobel alternativo 2008

Este resultado permite que en Hungría y Austria continúen las prohibiciones frente a los cultivos de MON 810, la variante de maíz transgénico de la transnacional Monsanto. Asimismo, en Austria también incide en la prohibición del T25, otra variedad de maíz transgénico propiedad de la farmacéutica Bayer. La moratoria de Hungría y Austria al cultivo de transgénicos está justificada por los estudios científicos recientemente realizados por ambos países.

En sus investigaciones, ambos países han aportado nuevas evidencias sobre el impacto de los cultivos transgénicos en la vida de los ecosistemas donde se desarrollan. Así, las evidencias empíricas han demostrado que las plantaciones del maíz MON 810 inciden negativamente en la calidad de los suelos, lo que a su vez implica un descenso considerable en la calidad de los cultivos naturales colindantes merma considerablemente.

Sin embargo, la negativa europea del Gobierno contrasta con su política nacional aplicada en materia de Organismos Modificados Genéticamente (OMG). Mientras los principales productores de maíz de la Unión Europea prohíben el cultivo de transgénicos amparándose en las evidencias empíricas sobre sus impactos ambientales y sanitarios, España se consolida como el principal productor de maíz trasgénico. El Gobierno permitió durante el año pasado la existencia de 80.000 hectáreas de maíz MON 810 en los campos españoles, la misma variedad contra la votó en la reunión del pasado martes.

En este sentido, son muchas las críticas que ha recibido España desde diferentes estratos de la sociedad. Uno de los más representativos es el integrado por Vandana Shiva, premio Nobel alternativo por su labor en defensa del medio ambiente y de los derechos de las mujeres en la India. Shiva visitó España en febrero para presentar la Declaración de la Sociedad Civil contra el uso de transgénicos en la agricultura y la alimentación, que denuncia los graves peligros de estos cultivos para la biodiversidad y la salud.

Durante el acto, la científica india señaló que “El ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino debe orientar la agricultura española hacia soluciones realmente progresistas y modernas, ambiental y socialmente sostenibles como la agricultura ecológica., Por su parte, Juan Felipe Carrasco, responsable de la campaña de transgénicos de Greenpeace, ha declarado que "es fundamental que la decisión española en la UE se traslade coherentemente a la política nacional de transgénicos".