Los ecologistas exigen la paralización de las obras del puerto industrial de Granadilla

Las asociaciones ecologistas reclaman la anulación del estudio sobre el impacto ambiental del puerto de Granadilla, en Tenerife, y piden al Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino que actúe en defensa del ecosistema marino de la isla.

Por Adrián Verdugo (MamáTierra en CeroPretensiones)

Proyecto del puerto de Granadilla/Greenpeace

Greenpeace, WWF, Ecologistas en Acción y SEO/Birdlife son las organizaciones que han exigido la inmediata intervención del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino para finalizar con las irregularidades derivadas del trámite ambiental del Puerto de Granadilla. El punto más controvertido de sus exigencias se refiere a la anulación de la declaración de impacto ambiental del proyecto, aprobada en febrero de 2003.

Además, esta reclamación se complementa con la denuncia del grupo ecologista canario Ben Magec que, tras apelar a la legislación europea en materia de espacios protegidos, consiguió paralizar la Orden del Gobierno de Canarias, que pretendía descatalogar como especie protegida a las praderas submarinas de la costa de Granadilla de Abona, compuestas principalmente por sebadales (video).De haberse aprobado la Orden, los promotores del puerto habrían construido sobre este fondo marino de incalculable valor biológico.

Ante esta situación, los ecologistas, junto con el apoyo de la comunidad científica canaria, con el prestigioso botánico Wolfredo Wildpret de la Torre a la cabeza, han remitido a Elena Espinosa, ministra de Medio Ambiente, una petición para que declare los sebadales como especie protegida. De las misma manera se lo han exigido al Gobierno de Canarias, al que acusan de falta de transparencia y complicidad con los empresarios. Así, los grupos arremeten contra la posición de algunos políticos canarios, que respaldan la posición de los sectores empresariales y presionan al Tribunal Superior de Justicia de Canarias para que reinicie las obras del puerto.

En su defensa, Domingo Berriel, consejero de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias, alega que "es incorrecta la inclusión de los sebadales en el Catálogo Canario de Especiaes Amenazadas". Sin embargo, esta postura contrasta con la posición de los científicos canarios. Para Wolfredo Wildpret de la Torre resulta imprescindible la declaración de los sebadales de Canarias como "hábitat en peligro de desaparición". Además, el botánico ha denunciado que las obras también afectarían a otras especies de la REd Natura 2000, como la tortuga boba y la Reserva Natural de Montaña Roja.

Costa de Granadilla en Tenerife/Greenpeace

Por otra parte la sociedad civil también ha mostrado su rechazo contra el puerto de Granadilla. El pasado 14 de marzo fueron 50.000 personas las que, convocadas por Wildpret de la Torre, marcharon por las calles de Tenerife para protestar contra la construcción de este puerto industrial. Al final de la manifestación se hizo referencia al peritaje presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el que se dudaba de la viabilidad del proyecto, puesto que la Granadilla es una zona de fuertes vientos, lo que imposibilitaría el comercio aéreo y dificultaría bastante las tareas de carga y descarga.

Ante estas evidencias de fracaso y destrucción del medio ambiente, los grupos ecologistas plantean ampliar el Puerto de Santa Cruz de Tenerife, una solución que a su juicio resultaría más sostenible y económica que el puerto de Granadilla. Y esta parece ser la opción más adecuada, puesto que este planteamiento también es el que comparten desde la comunidad científica y desde la Plataforma Ciudadana contra el puerto de Granadilla.

El informe Auken censura los delitos urbanísticos en el litoral español

El Europarlamento reclama con este informe la congelación de fondos de cohesión europeos que financian muchos de los proyectos urbanísticos que no cumplen con la normativa europea y, además, denuncia la arbitrariedad del Gobierno español a la hora de aplicar la Ley de Costas.
Por Adrián Verdugo (MamáTierra en CeroPretensiones)

Margrete Auken a su salida del Europarlamento /Nicola Fasano

El Parlamento Europeo aprobó el pasado viernes, 27 de marzo, el informe de la europarlamentaria Margrete Auken (Los Verdes) sobre el impacto de la urbanización masiva en España y en los derechos de los ciudadanos europeos. A pesar de los intentos de los eurodiputados del PP y del PSOE por bloquear el informe Auken, el documento ya fue previamente aprobado el 20 de febrero por la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, por 22 votos a favor, 11 en contra y una abstención. No obstante, dado que el reglamento de la Eurocámara no permite enmendar en el pleno los informes de iniciativas como éste, los dos partidos elaboraron textos alternativos y buscaron sin éxito el apoyo de los grupos populares y socialistas europeos.

El informe incide fundamentalmente sobre tres cuestiones: la Ley de Costas, la laxitud de las autoridades a la hora de imponer la legislación europea en materia medioambiental y la responsabilidad de las administraciones central, autonómicas y locales ante las consecuencias medioambientales y socioeconómicas derivadas de un modelo de desarrollo insostenible.

Respecto a la actuación del Gobierno en la aplicación de la Ley de Costas, el documento aprobado en Estrasburgo considera que, en 2008, las autoridades españolas aprobaron unas instrucciones relativas a la aplicación de la Ley de Costas de 1988, ignorada durante muchos años, a lo largo de los cuales se han producido grandes daños medioambientales en las zonas costeras españolas.

Además, expone el carácter retroactivo de estas instrucciones y su desproporción, puesto que vulnera los derechos de los particulares por la demolición arbitraria de las propiedades que éstos adquirieron legítimamente mientras que, al mismo tiempo, no tiene un impacto suficiente sobre los responsables de la destrucción costera, a pesar de que estuviesen mejor situados para conocer que su actuación era contraria a las disposiciones de esta Ley.

En cuanto a la depuración de responsabilidades, el informe refleja que, en muchos casos documentados de problemas urbanísticos en España, las instituciones no sólo no han actuado con la suficiente firmeza respecto a la ejecución del principio de cautela de la legislación medioambiental sino que, también, les acusa de laxitud en la interpretación de los actos cometidos por las autoridades locales y regionales competentes en esta materia, sobre todo en los casos de "aprobación provisional" de numerosos planes de desarrollo urbanístico.

Esta ha sido la crítica que más ampollas ha levantado en la clase política de nuestro país, sobre todo en la del PP, partido que cuenta con la mayoría de alcaldías en los municipios de la Comunidad Valenciana y Murcia. Así, el conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda de la Comunidad Valenciana, Ramón García Antón, ha expresado su malestar con el informe Auken, calificándolo como un documento "totalmente intolerable y politizado".

En este mismo sentido, se ha pronunciado también la eurodiputada murciana del PP, Cristina Gutiérrez- Cortines, quien cargó las tintas contra la UE y el PSOE en una entrevista en el diario La Verdad, donde declaró que "existen fines electoralistas y el interés de determinados grupos de afear la imagen de España e impedir que acudan gentes a nuestras costas y compren viviendas".

Finalmente, tras la exposición de motivos del informe, el Parlamento Europeo plantea a nuestro país una serie de recomendaciones en una doble vía. Por un lado, pide al las autoridades españolas que velen por que ninguna expropiación encuentre su fundamento en una ley adoptada después de la fecha de construcción de la citada propiedad. Por otro, les exhorta a que deroguen todas las figuras legales que favorecen la especulación e insta a desarrollar una cultura de la transparencia dirigida a informar a la ciudadanía sobre la gestión del suelo.

La Unión Europea ha movido ficha. Ahora es el turno de nuestro Gobierno, al que se le debe exigir que esté a la altura de las nuevas circunstancias y que no se escude en la crisis económica para permitir construcciones que debería derribar. No es ningún secreto que la burbuja inmobiliaria se ha cimentado sobre el litoral; los datos del Observatorio de la Sostenibilidad de España así lo demuestran.

Por ello, remito al lector que quiera informarse más sobre esta cuestión a una noticia de Rafael Méndez, La Comunidad Valenciana construyó un 10 % de su costa en sólo seis años, en la que se analiza el desarrollo de la construcción en la costa española. También, resulta muy adecuado para conocer la situación del litoral español la lectura del informe de Greeenpeace Destrucción a toda costa 2008, donde se recogen, tan solo en el litoral, 67 casos de irregularidades urbanísticas en los tribunales, con 527 implicados en tramas de corrupción, de los cuales 174 eran cargos públicos.