"La Consejería de Agricultura del PSOE está claramente posicionada a favor de los transgénicos"

En esta segunda parte, Juan Felipe Carrasco nos habla acerca de las instituciones que regulan los transgénicos en Europa. También de cómo está la situación en nuestro país, la postura de los distintos partidos y las "sospechosas" relaciones entre miembros de la Comisión de Bioseguridad Nacional y las empresas de transgénicos. Además, desmonta con razonables argumentos el tópico de los transgénicos como solución al hambre.

Por Adrián Verdugo (MamáTierra en Ceropretensiones)

Juan Felipe Carrasco en las Jornadas de Naturaleza Zumardi/Greenpeace

A nivel europeo ¿cómo se regula lo que se puede o no se puede comer?

A nivel europeo lo más relevante es lo que ha pasado la semana anterior. La autoridad europea en materia de seguridad alimentaria, que es el organismo científico de la comisión Europea, encargado de aprobar y monitorar los transgénicos, tenía la encomienda de reautorizar el Monsanto 810. Y lo ha hecho, tras lo que ellos llaman "meses de trabajo concienzudo". Sin embargo, sabemos que esos estudios son totalemnte fraudulentos; que la propia agencia de seguridad alimentaria ha dicho que no tenía los medios ni la capacidad para analizar los efectos a largo plazo ni los impactos indirectos de los transgénicos- No obstante, han aprobado el Monsanto 810, cuando la mayor parte de las acusaciones que se hacen contra ese maíz son sus efectos a largo plazo. En fin una serie de aberraciones entodo el proceso de aprobación llevado a cabo hace diez años y de nuevo, también, en el reciente proceso de reaprobación.
Doce estados miembros de la Unión Europea se han mostrado críticos con esta reaprobación y han expresado su negativa a aceptarla. Además han enviado cartas cartas de protesta a la Comisión Europea. También once estados miembro, no todos correspondientes con los doce anteriores, han pedido a la Comisión Europea que se modifique la legislación de transgénicos y el derecho de los estados a paralizar y prohibir definitivamente los transgénicos.
Y, claro, lo que tenemos ahora es una situación en la que un maíz que había sido prohibido por sus potentes daños ambientales, es de nuevo aprobado por la institución europea encargada de velar por la seguridad alimentaria. Y esto no sólo a Greenpeace, sino a cualquier ciudadano responsable, nos parece más que una aberración política y ciéntifica, una tomadura de pelo. Además de que falta a la regla más básica de la democracia, que es proteger, aunque fuera por principio de precaución, a la población y al medio ambiente; y no proteger la cuenta corriente del señor Monsanto y de la señora Syngenta.

Lo curioso es que en los momentos en los que el juego democrático es protragonista, como en las últimas elecciones europeas, estos temas quedan desterrados de la agenda política.

En estas últimas elecciones al parlamento europeo, escribimos una carta a todos los cabezas de lista de los partidos que concurrían y solamente nos contestaron tres grupos. De todo el abanico de partidos que concurrían, a los que se les plantearon cuatro preguntas muy concretas sobre que pretendían hacer en materia de transgénicos, tan sólo recibimos respuesta de tres: Izquierda Anticapitalista, Iniciativa per Catalunya e ICV/IU. Los tres contestaron que prohibirían los transgénicos. El resto de formaciones políticas calladitas, calladitas... Y el primero, el PSOE. Porque si el PP no te responde, pues tampoco te va a sorprender a estas alturas de la vida.

"Las empresas de transgénicos cuentan con el respaldo del Gobierno, que no implementa las normas de transparencia en los registros públicos para evitar la contaminación de los cultivos colindantes."

Y en nuestro país, ¿cómo está la situación de los trangénicos? Hace unos meses se celebró en Zaragoza una manifestación a nivel estatal por el derecho a consumir alimentos libres de transgénicos. ¿Por qué en Zagaroza?

Se realizó en Zaragoza porque Aragón es, junto a Cataluña, la zona cero trangénica de la Unión Europea, puesto que somos el único Estado cuyo gobierno tolera el cultivo de maíz transgénico. Otro motivo es que allí está muy presente COAG, la Coordinaroda de Organizaciones Agrarias y Ganaderas, que ha tenido un papel muy relevante en la preparación de esta manifestación. Además, se celebró en Zaragoza porque la Consejería de Agricultura del PSOE está claramente posicionada a favor de los transgénicos.

¿Y tuvo respaldo esa manifestación?

Por supuesto. Estamos hablando de la mayor manifestación agrícola de la hsitoria fuera de Madrid. Y de la mayor manifestacióin en Aragón después de las del trasvase hidrológico y de la guerra de irak. Pero es que también ha sido la mayor manifestación antitransgénica de la historia de la Unión Europea. Con lo cual, estamos hablando de un momento clave para la sociedad civil, que ha dicho al Gobierno basta ya. ¿Y qué hace el Gobierno ante la respuesta civil? Nada. Porque a la semana siguiente nos reunimos con Jesús Casas, director general de desarrollo sostenible del medio rural, que se ha posicioanado claramente a favor de los transgénicos y que dijo que "aquello fue claramente una reunión de desinformados".

En Aragón los ánimos están bastante encendidos, puesto que el año pasado se cultivaron allí alrededor de 35.000hectáreas del MON-810. Y se ha descubierto, además, que cultivos colindantes con plantaciones transgénicas se han visto contaminados.

Efectivamente. Eso es lo que llamamos "la imposible coexistencia". Lo peor es que este problema afecta a pequeños agricultores, quienes al querer vender su producto contaminado, han visto como el mercado se lo ha rechazado. Además, ellos han tenido que costearse su análisis de la cosecha. Y lo más fuerte de todo: han tenido que distanciarse de las plantaciones de trasgénicos -perdiendo superficie de cultivo- y cambiar sus fechas de siembra para que no coincidan los tiempos de floración. Es decir, el contaminado tiene que poner los medios para subsistir, mientras que las empresas de transgénicos cuentan con el respaldo estatal que no implementa las normas de transparencia en los registros públicos para evitar la contaminación. de cuiltivos colindantes. Si esto es socialismo obrero, que venga Dios y lo vea. Esto es simplemente protección de los grandes dueños del capital.

Diferencia entre arroz natural y arroz transgénico/Greenpeace

En internet circula un informe sobre quién decide la política de transgénicos en España y donde salen a la luz sospechosas relaciones de miembros de la Comisión de Boiseguridad Nacional con empresas relacionadas con la agrogenética. ¿Son producto de la casualidad?

Por supuesto que no. Como tampoco lo es el nombramiento de Cristina Garmendia como Ministra de Ciencia e Innovación. Efectivamente, en el informe de Amigos de la Tierra, se demuestra como los miembros de la Comisión Nacional de Bioseguridad están muy vinculados a la industria de los transgénicos. No digo que estén a sueldo de ellos. Simplemente me refiero a que algunos compaginan trabajos en los dos sitios; otros han estudiado en ambientes endogámicos pro-biotecnológico y no quieren tener acceso a las visiones críticas sobre la industria agrogenética.

Hablando de escándalos... Antes comentaba acerca del arroz transgénico que se pretende aprobar. Y creo que la empresa que lo promociona también carga sus espaldas con un pasado algo oscuro.

Pues sí. Porque hacedos años Greenpeace denunció que la empresa Bayern era la responsable de uno de los mayores escándalos en la industria del arroz y que costó alrededor de 1.200 millones de dólares a la industria europea. ¿Qué fue lo pasó? Pues que Bayern vendió a la Unión Europea arroz transgénico, que después se demostró que estaba contaminado. Claro, extirpar esa cepa defectuosos de todo el entramado europeo de la industria arrocera due muy complicado y de ahí su coste tan desorbitado. Pero el daño ya estaba hecho y fue el dinero del contribuyente europeo el que tuvo que cubrir la chapuza de Bayern, la misma empresa que ahora nos quiere meter otro arroz transgénico.

"Argentina optó por la vía de los trangénicos. Hoy tiene tres millones de personas al borde de la hambruna inmedita. Por tanto, los transgénicos no son la solución."

Quisiera terminar con una de las grandes bazas con las que se busca la aceptación social de los transgénicos que es la problemática del hambre. ¿Puede dar datos que desmonten esta afirmación?

Lo primero es una cosideración: ¿cómo pretendemos que una tecnología, que no es más que una chapuza biológica diseñada para controlar geoestratégicamente la producción y el mercado, nos salve del hambre? La solución al hambre radica en la devolución de la soberanía alimentaria, no el la supuesta evolución agroquímica y petrodependiente. Un planeta cuyos agricultores se covierten cada día en obreros industriales de estas empresas agroquícas, es un planeta que se va por el retrete. Sin recuperar la soberanía alimentaria no hay solución contra el hambre. Y muchos menos mediante la tecnología. Una tecnología que, además, no está diseñada para producir más, sino para alimentar la producción de una idnustria secundaria de productos químicos. Por tanto, es la pescadilla que se muerde la cola. El mejor ejemplo de que esto no es una chufla de ecologistas lo podemos ver en Argentina. Un país que era el segundo mayor exportador de alimento del Sudámerica, pero que optó por la vía de los transgénicos. Hoy tiene a la mitad de supoblación por debajo de los 3 dólares diarios y a tres millones de personas al borde de la hambruna inmediata. Por tanto, los transgénicos no son la solución.

La FAO apuesta por la agircultura sostenible contra el cambio climático

Los territorios fértiles de las zonas más pobres del planeta son adquiridos por multinacionales y países ricos con abundante capital y escasez de tierras cultivables. En estos territorios del tercer mundo se desarrollan plantaciones y formas de cultivo insostenibles y dañinas para el medio ambiente. Para combatir estas prácticas, la FAO ha realizado un estudio que revela las ventajas de la agricultura sostenible como freno al cambio climático.

Por Adrián Verdugo (MamáTierra en Ceropretensiones)

Una extensión de 1.645 hectáreas de selva deforestada ilegalmente para plantar soja en Brasil/Daniel Beltrá

Las compras de enormes superficies cultivables en países de África, América Latina y el sudeste asiático se han incrementado en los últimos cinco años. La actuación de organismos como el banco Mundial el FMI durante las últimas décadas ha forzado la apertura de los países tercermundistas a los mercados mundiales. Esto ha generado que, con la connivencia de los gobiernos locales, numerosos países con escasez de recursos agrícolas se beneficien del negocio de la tierra y de la especulación generada por los agrocombustibles. Además, estas compras de tierras casi siempre están acompañadas de expropiaciones a los pobladores autóctonos.

Por otra parte, los modelos agrícolas que se imponen en estos territorios resultan muy dañinos para los ecosistemas en los que se encuentran. Este es el caso de las plantaciones de soja, causantes de la destrucción de buena parte de la Amazonia brasileña. Sin embargo, el caso de las plantaciones de aceite de soja resulta todavía más flagrante: la quema de los bosque en Indonesia para reforestar con este tipo de cultivo, genera un 4% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero.

Un pescador maneja su barca a través del canal de un bosque que ha sido talado/ Natalie Behring

Por ello, la Organización de la ONU para la Agricultura y Alimentación (FAO) ha realizado un informe que incide sobre el uso de la agricultura sostenible para mitigar el cambio climático en los países en desarrollo. Este informe ha sido presentado en el marco de la conferencia preparatoria de la Cumbre de Copenhague, celebrada hace dos semanas en la ciudad alemana de Bonn.

El documento presentado por la FAO destaca que la agricultura es una fuente importante de emisiones de gases de efecto invernadero, con un 14 por ciento del total a nivel mundial. Este porcentaje aumenta con los cambios en el uso de la tierra, entre los que destaca la deforestación, y que suponen otro 17 por ciento adicional. También expone que, entre 1990 y 2005, las emisiones de la agricultura en los países en desarrollo se incrementaron en cerca del 30%.

Antes estos datos, resulta imprescindible que el nuevo acuerdo mundial sobre el clima que se adopte en Copenhague en diciembre incluya la agricultura. Para ello se deben ampliar los acuerdos de financiación existentes a nivel mundial, como el Mecanismo de Desarrollo Limpio del Protocolo de Kyoto, puesto que éstos no llegando adecuadamente al campesinado de los países pobres. Por tanto, según la FAO, se necesitan mecanismos de financiación más flexibles, que ofrezcan incentivos a los agricultores, de forma que puedan participar en la reducción y eliminación de los gases de efecto invernadero.

Indígenas de la Amazonia demarcando sus tierras, para protegerlas de la explotación forestal ilegal/Daniel Beltrá.

Finalmente, con objeto de conseguir este propósito, el informe incide en que las prácticas agrícolas sostenibles ofrecen importantes oportunidades para mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero, y al mismo tiempo, incrementar la productividad agrícola. La retención de carbono en los suelos, a través de una reducción del laboreo, la mejor gestión de los pastizales y la restauración de tierras degradadas, supone la mayor parte del potencial de mitigación en la agricultura. Otras opciones en este sentido incluyen una mejor gestión de los recursos hidrícos y el uso sostenible de la diversidad genética animal.

Sara Pizzinato: "El Ministerio de Industria sigue siendo títere de las compañías eléctricas"

El Ministerio de Industria ha impuesto a Endesa e Iberdrola, gestoras de la central nuclear de Garoña, una multa de 14,5 millones de euros por ocultar una fuga radioactiva durante varios meses. Esta sentencia supone un hito histórico en la lucha antinuclear en España.
Por ello, hemos querido hablar con Sara Pizzinato, responsable de la Campaña de Transporte en Greenpeace y firme activista de la campaña "yosoyantinuclear", para analizar la situación de esta central y la postura del Gobierno ante las energías renovables.

Por Adrián Verdugo (MamáTierra en CeroPretensiones)

SaraPizzinato en laCumbre de Nairobi (2006)/ ELMUNDO

Pregunta: Tras la histórica multa impuesta a la central de Garoña, parece que la campaña antinuclear de Greenpeace cobra de nuevo protagonismo.

Respuesta: La verdad es que sí. Creo que ahora, tras esta sanción contra la energía nuclear, es un momento perfecto para retomar el debate serio y en condiciones sin mentiras por lo que pedimos a todos los españoles que saquen su ser antinuclear y que firmen en el primer registro yosoyantinuclear, que establecimos en España para que Zapatero cumpliese con su compromiso de cerrar todas las centrales nucleares en España.

P: Vosotros ya realizasteis una protesta en Garoña el 20 de noviembre de 2008, ¿cuáles fueron esos motivos?

R: El motivo es que en julio de este año el Gobierno debe decidir si alarga 10 años más la vida útil de esta central. Se trata de una decisión fundamentalmente política y por eso empezamos ya desde Greenpeace a recordar a Zapatero que prometió en dos de sus promesas electorales que empezaría por Garoña un proceso de cierre paulatino de las centrales nucleares españolas. En julio de este año Garoña no debe recibir una ampliación de su vida útil. Por ello además, pedíamos que se evitase la recarga de combustible del pasado marzo, que otorgó dos años más de vida a la central.

P: En su informe sobre los tópicos y mentiras de la energía nuclear, se dice que la central de Garoña es deficitaria. ¿Por qué se mantiene una central que es deficitaria?

R: Bueno, en realidad la central ahora no es deficitaria. La central sería deficitaria si se construyese de cero sobre un sistema eléctrico liberalizado como es el actual. Hay que recordar que esta central fue inaugurada por Franco en 1971. En aquel momento todos los ciudadanos pagaron la instalación, que es el gasto mayor de una central. Y en la actualidad, los ciudadanos pagamos los gastos de seguridad y de gestión de residuos, que son los más costosos de su funcionamiento. Quitando todo esto, las centrales nucleares gestionadas por las grandes compañías eléctricas son la gallina de los huevos de oro. Principalmente, porque se encuentran con todo pagado menos una pequeña parte que corresponde a la seguridad. Por ello, sólo se dedican a ganar dinero. Pero si las compañías eléctricas tuviesen que internalizaran todos los costes públicos, otro gallo cantaría.

P: Los defensores de las centrales nucleares se escudan en qué no producen Co2. ¿Pueden ser una solución al cambio climático?

R: Eso es rotundamente falso. Rotundamente. Primero recordar que desde los Acuerdos de Marrakech la energía nuclear ha quedado excluida de los mecanismos de desarrollo limpio de los países en vías desarrollo para luchar contra el cambio climático. Se ha comprendido que la energía nuclear no puede ser la solución al cambio climático exportable a estos países. Segundo no es cierto que no emitan Co₂. No emiten Co₂ durante el proceso de fisión nuclear. Eso sí para la extracción de una tonelada de uranio son necesarias 600 toneladas de minerales de uranio empobrecido, para cuya extracción y transporte se producen miles de toneladas de Co₂. Así una central nuclear en todo su ciclo productivo consumiría lo mismo que una central térmica de ciclo combinado, por lo que no resultaría una solución al cambio climático. La verdadera solución son las energías renovables.

P: Entonces, ¿se puede hablar de reducción en la dependencia del petróleo?

R: No. Solamente no se frenaría la dependencia del petróleo sino que, además, tampoco se eliminaría la dependencia internacional de otros combustibles que son cien por cien importados y que resultan imprescindibles para el enriquecimiento de uranio. Porque recordemos que España no puede enriquecer uranio. Por otra parte el enriquecimiento de uranio depende de patentes japonesas y estadounidenses que, de ser retiradas, supondrían la imposibilidad de producir energía por este método.

P: En esta política de desmantelamiento de centrales, ¿ están los gobiernos español y francés buscando en el Magreb territorios para instalar las centrales nucleares?

R: Pues sí. Hay una declaración de la responsable de una de las mayores empresas de reactores nucleares francesa que viene a decir que mientras esté Sarkozy no van a necesitar comercial en la empresa, que ya se encargará él de vender la energía nuclear a todo dios. Parte de la empresa nuclear francesa que debe ser pública (en Francia la gestión nuclear es pública e íntimamente ligada al programa militar galo) busca desesperadamente dinero, porque es una industria que no sabe de dónde va a sacar todo el dinero necesario para gestionar la ingente cantidad de residuos cuando empiecen a cerrarse centrales nucleares por viejas. Por ello, necesita vender reactores nucleares a otros países. ¿A qué precio? A uno muy elevado. De este modo, muchos países en desarrollo invierten sumas enormes de dinero en falsas soluciones a los problemas energéticos.

P: Si miramos detenidamente este deseo por desarrollar las energías nucleares, llegamos al modelo de consumo de nuestra sociedad. ¿Qué cosas debe cambiar la ciudadanía para cambiar para alcanzar un modelo sostenible?

R: Hay muchas cosas que se tienen que cambiar y que se pueden cambiar. Y este es un mensaje muy positivo. Desde Greenpeace hemos realizado un estudio en el que calculábamos un escenario realista sobre cómo reducir a la mitad las emisiones del planeta para el 2050. Pero eso sí defendiendo el derecho de los países en vías de desarrollo a tener su crecimiento a costa de la reducción de demanda energética en los países industrializados, que a fin de cuentas, hemos sido los que hemos provocado el cambio climático y los que tenemos la tecnología para invertir en I+D. Además somos los que tenemos la responsabilidad para invertir esta tendencia, gracias al ahorro y a la eficiencia energética. Luego hay una parte muy importante de la aplicación de las energías renovables, cuya responsabilidad concierne a todos, desde los gobiernos a los agentes sociales. Pero tú y yo fundamentalmente, lo que deberíamos hacer es utilizar la energía de manera mucho más eficiente de la que la empleamos. Por ejemplo, con aparatos eléctricos de clase A o superior, bombillas de ahorro y usar la bicicleta o el transporte público en vez del coche.

P: ¿Cómo valora las medidas del Gobierno en materia energética y de cambio climático?

El gobierno socialista está teniendo un papel muy contradictorio en estas dos legislaturas que lleva en el poder. Por un lado, teníamos un ministerio de medio ambiente que hablaba de cambio climático por primera vez en un gobierno español. Y lo hacía de forma seria. Pero, por otro lado hay un ministerio de industria que intenta socavar cualquier iniciativa por aumentar la implantación las energías renovables en España. Así, mantiene el elevado lucro de las empresas eléctricas y un aumento de su demanda, favoreciendo que sigan ahí las centrales nucleares, que son centrales que no se pueden apagar y deben funcionar sin parar las 24 horas del día.

Por ello, se favorece el consumo, para generar una demanda que gaste toda esa sea esa razón de ser de esas centrales. En definitiva, y a pesar de lo adecuado - y necesario- de esta multa, contamos con un gobierno que habla mucho de energías renovables y eficiencia pero que, al fin y al cabo, sigue primando el carbón como fuente de producción de electricidad, la más sucia de todas. Seguimos invirtiendo en nuclear y en tecnologías que no son la solución al cambio climático, porque, a pesar de la multa, la central continúa funcionando a pleno rendimiento. Lamentablemente, el Ministerio de Industria de este gobierno sigue siendo títere de las compañías eléctricas.

[Los enlaces de esta entrevista fueron escogidos a propuesta de Sara Pizzinato]

La "criticona" conquista el centro de Madrid a golpe de pedal

Desde el 30 de abril hasta el 3 de mayo, Madrid ha sido el escenario de las distintas actividades y marchas de una especie que cada día tiene más presencia en las ciudades europeas: los ciclistas. Así, la Criticona, principal agrupación de ciclistas urbanos en Europa, pedaleó la tarde del sábado por el centro de Madrid para reivindicar su derecho a ser parte activa del tráfico.

Por Adrián Verdugo (MamáTierra en CeroPretensiones)

La masa crítica se prepara para comenzar la marcha/ Adrián Verdugo

Eran las cinco de la tarde y la Cibeles lucía menos espléndida que de costumbre, la mirada perdida, como si ya se resignase ante la visita de los miles de merengues que, según todos los medios de comunicación, se le vendrían aquella noche encima. Pero no contaba con que la Bici crítica le había preparado una sorpresa para esa tarde y, por ello, había convocado a las masas críticas de toda Europa. El fin era claro: reclamar que las "bicis" también son tráfico.

La hora de inicio de la concentración estaba prevista a las 18:00 aunque media hora antes, la acera del Ayuntamiento en su esquina con Alcalá ya lucía abarrotada. Según pasaban los minutos, más y más ciclistas surgían de todas direcciones: bajaban la Castellana, subían desde Atocha, venían desde el Retiro o salían de la estación de Banco de España con sus bicicletas a la espalda. Aunque la Cibeles estaba acostumbrada a ver a la masa crítica madrileña el último jueves de cada mes, sus ojos no daban crédito ante la cantidad de ciclistas concentrados esa tarde. Y los que todavía quedaban por llegar.

Alrededor de las 18:30 la acera del Palacio de las Telecomunicaciones se ha quedado sin un adoquín libre entre rueda y rueda y es que, según Clara, miembro de la agrupación Bici crítica de Madrid, "la cantidad de gente ha superado nuestras expectativas. No sólo hay madrileños; también han venido desde Alemania, Francia, Holanda, Italia e, incluso, desde Canadá". Por ello, quince minutos después, los agentes de movibilidad se ven obligados a intervenir en la regulación del tráfico, que ya comenzaba a verse desbordado por la concentración ciclista.

Los agentes de movilidad controlan la concentración/Adrián Verdugo

Sería en ese momento cuando los ciclistas decidiesen dar por finalizada la concentración para comenzar con la marcha por el centro de Madrid. Faltaban unos minutos para las 19:00 cuando los ciclistas comenzaron con su espectáculo. ¡Y qué espectáculo! Ver a los coches y autobuses clavados en la calzada, ante el paso de cientos de ciclistas que hacen sonar sus bocinas y timbres herederos de otros tiempos, es una sensación que no tiene precio. Me pareció que incluso la Cibeles sonreía al recordar otras tardes en blanco y negro, cuando por delante de ella desfilaban antiquísimas bicicletas de paseo hacia el Retiro.

Y si la diosa sonreía, también lo hacían los madrileños y turistas que veían entre atónitos y divertidos como las "bicis" ocupaban la Puerta de Sol y la Plaza Mayor, para volver de nuevo hacia la calle Alcalá y continuar hacia su siguiente parada. Y mientras esperábamos a que llegase todo el mundo de su expedición por el centro de la capital, Clara nos contaba emocionada "que lo mejor de todo era que esto no está preparado; que cada uno utiliza la bici para expresar algo distinto. Mientras unos lo hacen por ecología; otros simplemente tratan de dignifica un medio de transporte barato y eficaz".

De marcha por Madrid/Adrián Verdugo

La tarde pasó volando y cuando la luz comenzó a menguar, la masa crítica decidió partir de nuevo. Sólo diez minutos de pedaleo les separaban de la última parada del día: el CSO El Dragón. Así, con el ánimo como único combustible se acomodaron en sus sillines para asistir a lo que sería un cierre de fiesta muy musical: contarían con las actuaciones de La Malarazza y Cingaro Drom (audio) para amenizar la velada. Pero, hasta que llegasen al centro social, dijeron que la nota musical correría de su cuenta. Y así fue como me despidieron, cantando "no es un deporte, sino un medio de transporte" mientras yo les perdía de vista a medida que cruzaban la Puerta de Alcalá.

Clara posa para nosotros/Adrián Verdugo

España es el centro del contrabando de especies maderables protegidas

El 22 de abril el Parlamento Europeo votaba una ley para luchar contra el comercio ilegal de madera en la Unión Europea. Ese mismo día, Greenpeace publicaba un informe donde se decribían los fallos y las negligencias de las Autoridades españolas en su lucha contra el tráfico ilegal de especies maderables. La Operación Tarima es el mejor reflejo de estas irregularidades.

Por Adrián Verdugo (MamáTierra en CeroPretensiones)

MIles de troncos de caoba en Brasil/ Greenpeace

Los traficantes de madera ilegal pueden tener sus días contados en la Unión Europea (UE). Exactamente hasta junio, cuando el debate sobre la necesidad de una legislación referente al comercio de madera en Europa vuelve a estar en la agenda política, con motivo de las próximas elecciones al Parlamento Europeo. Ese mes el Consejo de Agricultura de la UE decidirá si apoya la posición del Parlamento Europeo y vota a favor de una legislación fuerte para acabar con el tráfico de madera procedente de las talas ilegales. De ser favorable, las medidas aprobadas en la votación deberían entrar en vigor en un plazo máximo de dos años.

Y mientras Europa empieza a tomar conciencia frente al comercio ilegal de madera, la actividad de los traficantes no para. Una actividad que, aunque ignorada durante años por nuestros gobiernos, arroja unos datos escalofriantes. Así, desde 1990 hasta la actualidad, han desaparecido en el mundo cerca de ocho millones de hectáreas de bosque, fundamentalmente por las talas ilegales. Además, éstas no sólo destruyen la biodiversidad de los ecosistemas, sino que, también, contribuyen a elevar los níveles de corrupción y suponen graves pérdidas económicas a los paíseis productores en forma de evasión de impuestos.

Pero hay más datos. El volumen del comercio ilegal de animales y plantas ocupa, tras las drogas y las armas, el cuarto puesto en el ranking mundial del mercado negro. Esta afirmación la corroboran desde la organización internacional Traffic, cuyas investigaciones de 2007 estimaban que las transacciones ilegales de especies amenazadas movían alrededor de 20.000 millones de dólares al año.Sin embargo, esta problemática no es nueva y, para tratar de atajarla, se firmó el convenio CITES en 1973.

A pesar del exhaustivo trabajo que ha venido realizando el CITES, todavía queda mucho por hacer. Prueba de ello, la operación a escala mundial realizada por CITES y más de 90 administraciones aduaneras, que se saldó con la incautación de 4.630 especies entre animales y silvestres (inglés). Entre los informes de las noventa administraciones aduanera particpantes en el operativo, destacó sobremanera el de España, que en una única incautación detectó la entrada irregular de 80 piezas pertenecientes a 14 especies amenazadas diferentes. Estos hechos señalan que España es un país clave en el comercio ilegal de especies amenzadas.

MAdera confiscada en el estado de Pará/AP

El pasado 22 de abril Greenpeace España publicó el informe Comercio ilegal de maderas y aplicación del Convenio CITES, donde se reflejaban las investigaciones de la ONG entre los años 2002 y 2006 sobre cinco casos de importaciópn o posesión irregular de maderas de especies amenazadas incluidas en el Convenio CITES. Estos casos han puesto de manifiesto las graves carencias del sistema de control, así como la descordinación entre las diferentes autoridades implicadas y la inacción de las mismas. El más reciente, la Operación Tarima.

La operación Tarima y la inoperancia del Ministerio Fiscal

La Operación Tarima comenzó en el año 2005, cuando la Autoridad Administrativa CITES emitió una petición a la Sección de Consumo y Medio Ambiente de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) para que interviniese ciertas empresas valencianas que ofertaban en su página web palosanto de río (Dalbergia nigra), especie incluída en el Apéndice I del Convenio. Como en los otros cuatros casso presentados en el informe, la Autoridad Administrativa no tenía conocimiento de que dichas empresas comerciaran con especies maderables CITES.

Dalbergia nigra/Wikipedia

De este modo, el 31 de enero de 2006, miembros de la UCO entraron en los almácenes de dos empresas valencianas, encontrando en una de ellas maderas y contrachapados de especies recogidas en el convenio CITES, de las cuales la empresa no pudo acreditar la pertinente documentación. Estas partidas quedaron automáticamente precintadas y la UCO intervino listados sobre los stocks de madera de palosanto, así como información y facturas sobre las empresas exportadoras.

Tras esta operación, el Juzgado de Instrucción de Catarroja (Valencia) abrió diligencias contra la empresa acusada de tenencia ilícita de especies protegidas. Sin embargo, sería la actuación de los fiscales que instruyeron el caso los que desmerecieron la actuación de la UCO y del Juzgado de Instrucción. EL juez del caso, sin esperar a recibir el informe que la Autoridad Administrativa CITES estaba elaborando con la información remitida por la UCO y movido por la presión dellfiscal, archivó la causa el 5 de mayo de 2007. Pero para Greenepeace lo peor estaba aún por llegar: declaró el sobreseimiento provisional el 17 de mayo de 2007.

A pesar de los empeños de Greenpeace por reabrir el caso, el juez no ha revocado su decisión. Tampoco ha comunicado a la Autoridad Administrativa CITES el archivo de la misma y los hechos ni siquieran han sido sancionados por la vía administrativa. Por tanto, hasta el día de hoy, el delito sigue impune.

Con todo, además de la inoperancia de la Justicia española en la protección de las especies protegidas, el informe de Greenpeace ha puesto al descubierto una red de contrabando de maderas amenazadas con sede en España; redes de contrabando que, aunque no se sabe cómo entran en España, utilizan nuestro país como plataforma hacia otros países de la UE y extreacomunitarios. Y lo peor de todo, mientras Europa planea blindarse contra el tráfico de madera ilegal, en España se permite que quienes generan ese tráfico ilegal queden libres de cualquier responsabilidad penal y fiscal.

Los ecologistas exigen la paralización de las obras del puerto industrial de Granadilla

Las asociaciones ecologistas reclaman la anulación del estudio sobre el impacto ambiental del puerto de Granadilla, en Tenerife, y piden al Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino que actúe en defensa del ecosistema marino de la isla.

Por Adrián Verdugo (MamáTierra en CeroPretensiones)

Proyecto del puerto de Granadilla/Greenpeace

Greenpeace, WWF, Ecologistas en Acción y SEO/Birdlife son las organizaciones que han exigido la inmediata intervención del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino para finalizar con las irregularidades derivadas del trámite ambiental del Puerto de Granadilla. El punto más controvertido de sus exigencias se refiere a la anulación de la declaración de impacto ambiental del proyecto, aprobada en febrero de 2003.

Además, esta reclamación se complementa con la denuncia del grupo ecologista canario Ben Magec que, tras apelar a la legislación europea en materia de espacios protegidos, consiguió paralizar la Orden del Gobierno de Canarias, que pretendía descatalogar como especie protegida a las praderas submarinas de la costa de Granadilla de Abona, compuestas principalmente por sebadales (video).De haberse aprobado la Orden, los promotores del puerto habrían construido sobre este fondo marino de incalculable valor biológico.

Ante esta situación, los ecologistas, junto con el apoyo de la comunidad científica canaria, con el prestigioso botánico Wolfredo Wildpret de la Torre a la cabeza, han remitido a Elena Espinosa, ministra de Medio Ambiente, una petición para que declare los sebadales como especie protegida. De las misma manera se lo han exigido al Gobierno de Canarias, al que acusan de falta de transparencia y complicidad con los empresarios. Así, los grupos arremeten contra la posición de algunos políticos canarios, que respaldan la posición de los sectores empresariales y presionan al Tribunal Superior de Justicia de Canarias para que reinicie las obras del puerto.

En su defensa, Domingo Berriel, consejero de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias, alega que "es incorrecta la inclusión de los sebadales en el Catálogo Canario de Especiaes Amenazadas". Sin embargo, esta postura contrasta con la posición de los científicos canarios. Para Wolfredo Wildpret de la Torre resulta imprescindible la declaración de los sebadales de Canarias como "hábitat en peligro de desaparición". Además, el botánico ha denunciado que las obras también afectarían a otras especies de la REd Natura 2000, como la tortuga boba y la Reserva Natural de Montaña Roja.

Costa de Granadilla en Tenerife/Greenpeace

Por otra parte la sociedad civil también ha mostrado su rechazo contra el puerto de Granadilla. El pasado 14 de marzo fueron 50.000 personas las que, convocadas por Wildpret de la Torre, marcharon por las calles de Tenerife para protestar contra la construcción de este puerto industrial. Al final de la manifestación se hizo referencia al peritaje presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el que se dudaba de la viabilidad del proyecto, puesto que la Granadilla es una zona de fuertes vientos, lo que imposibilitaría el comercio aéreo y dificultaría bastante las tareas de carga y descarga.

Ante estas evidencias de fracaso y destrucción del medio ambiente, los grupos ecologistas plantean ampliar el Puerto de Santa Cruz de Tenerife, una solución que a su juicio resultaría más sostenible y económica que el puerto de Granadilla. Y esta parece ser la opción más adecuada, puesto que este planteamiento también es el que comparten desde la comunidad científica y desde la Plataforma Ciudadana contra el puerto de Granadilla.

Zaragoza acogerá el sabado la manifestación estatal contra los transgénicos

Bajo el lema "Por una alimentación y una agricultura libres de transgénicos" las asociaciones de agricultores y los grupos ecologistas marcharán el próximo sábado por las calles de la capital aragonesa para mostrar sus rechazo a los alimentos modificados genéticamente.
Por Adrián Verdugo (MamáTierra en CeroPretensiones)

Presentación de la manifestación por Greenpeace y Ecologistas en Acción/EA

El sábado 18 de abril, un día después de la celebración del Día Mundial de la Lucha campesina, las calles de Zaragoza serán escenario de una manifestación en defensa del derecho de la ciudadanía a consumir y producir alimentos 100% libres de Organismos Modificados Genéticamente (OMG). Convocada por la Plataforma Rural y diversos colectivos ecologistas, entre los que destacan Greenpeace y Ecologistas en Acción, la marcha arrancará a las 11:30 del Paraninfo de la Universidad de Zaragoza, desde donde recorrerá las calles de la capital aragonesa bajo el lema "Por una alimentación y una agricultura libres de transgénicos", hasta finalizar en la céntrica Plaza del Pilar.

La elección de Zaragoza como escenario de la manifestación no es casual y responde al hecho de que Aragón es la comunidad autónoma donde más transgénicos se cultivan al año. Según datos del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, del total de 79.269 hectáreas disponibles para el cultivo comercial de transgénicos, 31.857 fueron plantadas en suelo aragonés. La mayoría de estas hectáreas se dedicaron a la producción de maíz modificado genéticamente.

Sin embargo, aunque estas plantaciones no alcanzan el 25% de la superficie total destinada al cultivo de maíz en España, hay que señalar que la coexistencia es imposible y que compromete la supervivencia de los cultivos de maíz ecológico y tradicional. Este fenómeno incide muy negativamente sobre los agricultores. Diversos estudios confirman que los cultivos de maíz modificado genéticamente contaminan las plantaciones anexas cultivadas de manera tradicional. De este modo, además de verse forzados a bajar los precios para poder competir con los transgénicos, los agricultores tienen ahora que soportar las pérdidas generadas por esta contaminación.

Cartel de la convocatoria de la manifestación estatal en Zaragoza/Greenpeace

Ante estas evidencias, el Gobierno justifica su apoyo a los transgénicos escudándose en que la política en materia de OMG es competencia de la Comisión Nacional de Boiseguridad (CNB). No obstante, esta neutralidad contrasta con la política de rechazo a la proliferación de los transgénicos mantenida en Europa, donde el voto español sirvió para que la prohibición de cultivos modificados genéticamente se mantuviese en Austria y Hungría. En este sentido, las asociaciones de agricultores y los grupos ecologistas mantienen que la CNB no es un órgano imparcial en sus competencias sobre transgénicos.

Así, sobre algunos miembros de la CNB pesan acusaciones de prevaricación y de mantener relaciones con importantes empresas agrogéneticas. Entre los acusados se encuentran Pedro Castañera, RAfael Pérez Mellado, Pere Puigdomenech o Florentino Juste. El caso de este último resulta paradígmatico, puesto que comparte su cargo en la Comisión Nacional de Bioseguridad con el de director del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA), organismo que ha realizado numerosos proyectos financiados por multinacionales de la agrobiotecnología como Dow Agrosciences, BASF, Novartis18 y, también, de empresas productoras de maíz transgénico en España como Monsanto, Bayer o Syngenta.

Por otra parte, la manifestación del próximo sábado en Zaragoza no será el único acto de rechazo a los cultivos modificados genéticamente. Durante este mes, numerosas organizaciones realizarán movilizaciones por todo el país y tratarán recabar apoyo de los agentes sociales en distintas reuniones. Además, las reivindicaciones de agricultores y ecologistas estarán acompañadas de actividades de concienciación y actos informativos en los supermercados, con el objetivo de de demostrar el creciente rechazo que existe en nuestro país frente a los transgénicos, tanto por parte de los agricultores como de los consumidores.

El informe Auken censura los delitos urbanísticos en el litoral español

El Europarlamento reclama con este informe la congelación de fondos de cohesión europeos que financian muchos de los proyectos urbanísticos que no cumplen con la normativa europea y, además, denuncia la arbitrariedad del Gobierno español a la hora de aplicar la Ley de Costas.
Por Adrián Verdugo (MamáTierra en CeroPretensiones)

Margrete Auken a su salida del Europarlamento /Nicola Fasano

El Parlamento Europeo aprobó el pasado viernes, 27 de marzo, el informe de la europarlamentaria Margrete Auken (Los Verdes) sobre el impacto de la urbanización masiva en España y en los derechos de los ciudadanos europeos. A pesar de los intentos de los eurodiputados del PP y del PSOE por bloquear el informe Auken, el documento ya fue previamente aprobado el 20 de febrero por la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, por 22 votos a favor, 11 en contra y una abstención. No obstante, dado que el reglamento de la Eurocámara no permite enmendar en el pleno los informes de iniciativas como éste, los dos partidos elaboraron textos alternativos y buscaron sin éxito el apoyo de los grupos populares y socialistas europeos.

El informe incide fundamentalmente sobre tres cuestiones: la Ley de Costas, la laxitud de las autoridades a la hora de imponer la legislación europea en materia medioambiental y la responsabilidad de las administraciones central, autonómicas y locales ante las consecuencias medioambientales y socioeconómicas derivadas de un modelo de desarrollo insostenible.

Respecto a la actuación del Gobierno en la aplicación de la Ley de Costas, el documento aprobado en Estrasburgo considera que, en 2008, las autoridades españolas aprobaron unas instrucciones relativas a la aplicación de la Ley de Costas de 1988, ignorada durante muchos años, a lo largo de los cuales se han producido grandes daños medioambientales en las zonas costeras españolas.

Además, expone el carácter retroactivo de estas instrucciones y su desproporción, puesto que vulnera los derechos de los particulares por la demolición arbitraria de las propiedades que éstos adquirieron legítimamente mientras que, al mismo tiempo, no tiene un impacto suficiente sobre los responsables de la destrucción costera, a pesar de que estuviesen mejor situados para conocer que su actuación era contraria a las disposiciones de esta Ley.

En cuanto a la depuración de responsabilidades, el informe refleja que, en muchos casos documentados de problemas urbanísticos en España, las instituciones no sólo no han actuado con la suficiente firmeza respecto a la ejecución del principio de cautela de la legislación medioambiental sino que, también, les acusa de laxitud en la interpretación de los actos cometidos por las autoridades locales y regionales competentes en esta materia, sobre todo en los casos de "aprobación provisional" de numerosos planes de desarrollo urbanístico.

Esta ha sido la crítica que más ampollas ha levantado en la clase política de nuestro país, sobre todo en la del PP, partido que cuenta con la mayoría de alcaldías en los municipios de la Comunidad Valenciana y Murcia. Así, el conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda de la Comunidad Valenciana, Ramón García Antón, ha expresado su malestar con el informe Auken, calificándolo como un documento "totalmente intolerable y politizado".

En este mismo sentido, se ha pronunciado también la eurodiputada murciana del PP, Cristina Gutiérrez- Cortines, quien cargó las tintas contra la UE y el PSOE en una entrevista en el diario La Verdad, donde declaró que "existen fines electoralistas y el interés de determinados grupos de afear la imagen de España e impedir que acudan gentes a nuestras costas y compren viviendas".

Finalmente, tras la exposición de motivos del informe, el Parlamento Europeo plantea a nuestro país una serie de recomendaciones en una doble vía. Por un lado, pide al las autoridades españolas que velen por que ninguna expropiación encuentre su fundamento en una ley adoptada después de la fecha de construcción de la citada propiedad. Por otro, les exhorta a que deroguen todas las figuras legales que favorecen la especulación e insta a desarrollar una cultura de la transparencia dirigida a informar a la ciudadanía sobre la gestión del suelo.

La Unión Europea ha movido ficha. Ahora es el turno de nuestro Gobierno, al que se le debe exigir que esté a la altura de las nuevas circunstancias y que no se escude en la crisis económica para permitir construcciones que debería derribar. No es ningún secreto que la burbuja inmobiliaria se ha cimentado sobre el litoral; los datos del Observatorio de la Sostenibilidad de España así lo demuestran.

Por ello, remito al lector que quiera informarse más sobre esta cuestión a una noticia de Rafael Méndez, La Comunidad Valenciana construyó un 10 % de su costa en sólo seis años, en la que se analiza el desarrollo de la construcción en la costa española. También, resulta muy adecuado para conocer la situación del litoral español la lectura del informe de Greeenpeace Destrucción a toda costa 2008, donde se recogen, tan solo en el litoral, 67 casos de irregularidades urbanísticas en los tribunales, con 527 implicados en tramas de corrupción, de los cuales 174 eran cargos públicos.

España exporta electricidad sin recurrir a las centrales nucleares

El sistema eléctrico español está generando excedentes para la exportación, incluso con tres de sus ocho centrales nucleares totalmente paradas. Este saldo exportador favorable tiene su origen en el avance de las energías renovables durante el 2008, cuando se cubrió con energías renovables cerca del 25% de la demanda.

Acción de Greenpeace por el cierre de Garoña/Greenpeace

Desde el 2004, España es un país netamente exportador en lo que se refiere a energía eléctrica. Sin embargo, el lobby nuclear defiende repetidamente lo contrario, afirmando que nuestro país tiene una gran dependencia de la importación de electricidad que viene desde Francia. Con esta afirmación, los propietarios de las centrales nucleares sostienen la necesidad de mantener el parque nuclear español, a pesar de que su cierre progresivo es un compromiso del actual Gobierno.

Pero los datos aportados por la Red Eléctrica de España (REE) desmontan la teoría manejada por el lobby nuclear. Según la REE, los intercambios internacionales de electricidad del sistema eléctrico español registraron en el año 2008 un saldo exportador de 11.221GW/h , superando en más de un 70% al del 2007. Para la REE, este incremento se ha producido, fundamentalmente, por dos cuestiones: la evolución de las exportaciones, que el año pasado crecieron en España más que en ningún otro país; y por el descenso de un 30 % en el volumen de importaciones.

Además, este aumento en las exportaciones no se habría producido sin el crecimiento tan significativo que han experimentado las energías renovables durante el 2008, tanto en la potencia instalada como en la producción y la cobertura de la demanda. En este aspecto, la energía eólica ha cobrado un destacado papel, situando a España como tercera potencia mundial. Por su parte, la energía solar fotovoltaica también ha experimentado un gran auge, hasta el punto de que el nuestro ha sido el Estado donde más ha crecido este tipo de energía renovable durante el año pasado. No en vano, durante el 2008 se cubrió con energías renovables casi el 25% de la demanda nacional.

Por el contrario, las centrales nucleares han sufrido una importante pérdida de disponibilidad por causas no programadas y su cobertura de la demanda nacional ha sido del 18,3%. En la actualidad, un total de 2.619 MW nucleares está fuera de operación y, concretamente, son los referidos a las centrales de Garoña, Vandellós-2 y Trillo, que están acometiendo diversas reparaciones y realizando recargas de combustible. En este sentido se ha pronunciado el director de Greenpeace España, Juan López de Uralde, para quien "es cada vez más obvio que, gracias al avance de las renovables, el sistema eléctrico español puede asumir el cierre inmediato de la central nuclear de Garoña y un cierre progresivo pero urgente de las demás".

Desde Mamátierra compartimos la postura de Greenpeace y por extensión la de todas aquellas voces que reclaman la implantación de las energías renovables a pesar de encontrarnos en una coyuntura económica desfavorable, frente a las energías que, como la nuclear, camuflan su alta contaminación bajo una óptica de supuesta eficiencia económica. En este sentido, se ha pronunciado Ana Palacio, presidenta del grupo de energía nuclear francés AREVA y ex ministra de Asuntos Exteriores, quien ha defendido en un artículo titulado Nucleares: la cuestión de los residuos que la energía nuclear es fuente de energía nuclear limpia y necesaria para alcanzar una posición de alta competitividad.

No obstante son muchos los argumentos científicos que demuestran que la energía nuclear no puede ser catalogada como no contaminante y, mucho menos como limpia. Por ello, remitimos a las lectoras y lectores a la lectura del informe Una energía sin futuro: desmontando las mentiras de la industria nuclear, de modo que así conozcan la "otra cara" de lo que algunos llaman "energía nuclear limpia".

España vota contra la proliferación de cultivos transgénicos en Europa

Este martes, el Consejo de Ministros de Medio Ambiente de la Unión Europea(UE) ha rechazado la propuesta de la Comisión Europea que obligaba a determinados estados miembro a cultivar alimentos transgénicos. La votación en contra de más de 20 países, entre los que figura España, representa una gran victoria para el medio ambiente y los consumidores de la UE.

Vandana Shiva, premio Nobel alternativo 2008

Este resultado permite que en Hungría y Austria continúen las prohibiciones frente a los cultivos de MON 810, la variante de maíz transgénico de la transnacional Monsanto. Asimismo, en Austria también incide en la prohibición del T25, otra variedad de maíz transgénico propiedad de la farmacéutica Bayer. La moratoria de Hungría y Austria al cultivo de transgénicos está justificada por los estudios científicos recientemente realizados por ambos países.

En sus investigaciones, ambos países han aportado nuevas evidencias sobre el impacto de los cultivos transgénicos en la vida de los ecosistemas donde se desarrollan. Así, las evidencias empíricas han demostrado que las plantaciones del maíz MON 810 inciden negativamente en la calidad de los suelos, lo que a su vez implica un descenso considerable en la calidad de los cultivos naturales colindantes merma considerablemente.

Sin embargo, la negativa europea del Gobierno contrasta con su política nacional aplicada en materia de Organismos Modificados Genéticamente (OMG). Mientras los principales productores de maíz de la Unión Europea prohíben el cultivo de transgénicos amparándose en las evidencias empíricas sobre sus impactos ambientales y sanitarios, España se consolida como el principal productor de maíz trasgénico. El Gobierno permitió durante el año pasado la existencia de 80.000 hectáreas de maíz MON 810 en los campos españoles, la misma variedad contra la votó en la reunión del pasado martes.

En este sentido, son muchas las críticas que ha recibido España desde diferentes estratos de la sociedad. Uno de los más representativos es el integrado por Vandana Shiva, premio Nobel alternativo por su labor en defensa del medio ambiente y de los derechos de las mujeres en la India. Shiva visitó España en febrero para presentar la Declaración de la Sociedad Civil contra el uso de transgénicos en la agricultura y la alimentación, que denuncia los graves peligros de estos cultivos para la biodiversidad y la salud.

Durante el acto, la científica india señaló que “El ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino debe orientar la agricultura española hacia soluciones realmente progresistas y modernas, ambiental y socialmente sostenibles como la agricultura ecológica., Por su parte, Juan Felipe Carrasco, responsable de la campaña de transgénicos de Greenpeace, ha declarado que "es fundamental que la decisión española en la UE se traslade coherentemente a la política nacional de transgénicos".