El 22 de abril el Parlamento Europeo votaba una ley para luchar contra el comercio ilegal de madera en la Unión Europea. Ese mismo día, Greenpeace publicaba un informe donde se decribían los fallos y las negligencias de las Autoridades españolas en su lucha contra el tráfico ilegal de especies maderables. La Operación Tarima es el mejor reflejo de estas irregularidades.
Por Adrián Verdugo (MamáTierra en CeroPretensiones)
MIles de troncos de caoba en Brasil/ GreenpeaceLos traficantes de madera ilegal pueden tener sus días contados en la Unión Europea (UE). Exactamente hasta junio, cuando el debate sobre la necesidad de una legislación referente al comercio de madera en Europa vuelve a estar en la agenda política, con motivo de las próximas elecciones al Parlamento Europeo. Ese mes el Consejo de Agricultura de la UE decidirá si apoya la posición del Parlamento Europeo y vota a favor de una legislación fuerte para acabar con el tráfico de madera procedente de las talas ilegales. De ser favorable, las medidas aprobadas en la votación deberían entrar en vigor en un plazo máximo de dos años.
Y mientras Europa empieza a tomar conciencia frente al comercio ilegal de madera, la actividad de los traficantes no para. Una actividad que, aunque ignorada durante años por nuestros gobiernos, arroja unos datos escalofriantes. Así, desde 1990 hasta la actualidad, han desaparecido en el mundo cerca de ocho millones de hectáreas de bosque, fundamentalmente por las talas ilegales. Además, éstas no sólo destruyen la biodiversidad de los ecosistemas, sino que, también, contribuyen a elevar los níveles de corrupción y suponen graves pérdidas económicas a los paíseis productores en forma de evasión de impuestos.
Pero hay más datos. El volumen del comercio ilegal de animales y plantas ocupa, tras las drogas y las armas, el cuarto puesto en el ranking mundial del mercado negro. Esta afirmación la corroboran desde la organización internacional Traffic, cuyas investigaciones de 2007 estimaban que las transacciones ilegales de especies amenazadas movían alrededor de 20.000 millones de dólares al año.Sin embargo, esta problemática no es nueva y, para tratar de atajarla, se firmó el convenio CITES en 1973.
A pesar del exhaustivo trabajo que ha venido realizando el CITES, todavía queda mucho por hacer. Prueba de ello, la operación a escala mundial realizada por CITES y más de 90 administraciones aduaneras, que se saldó con la incautación de 4.630 especies entre animales y silvestres (inglés). Entre los informes de las noventa administraciones aduanera particpantes en el operativo, destacó sobremanera el de España, que en una única incautación detectó la entrada irregular de 80 piezas pertenecientes a 14 especies amenazadas diferentes. Estos hechos señalan que España es un país clave en el comercio ilegal de especies amenzadas.
MAdera confiscada en el estado de Pará/APLa operación Tarima y la inoperancia del Ministerio Fiscal
La Operación Tarima comenzó en el año 2005, cuando la Autoridad Administrativa CITES emitió una petición a la Sección de Consumo y Medio Ambiente de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) para que interviniese ciertas empresas valencianas que ofertaban en su página web palosanto de río (Dalbergia nigra), especie incluída en el Apéndice I del Convenio. Como en los otros cuatros casso presentados en el informe, la Autoridad Administrativa no tenía conocimiento de que dichas empresas comerciaran con especies maderables CITES.
Dalbergia nigra/WikipediaTras esta operación, el Juzgado de Instrucción de Catarroja (Valencia) abrió diligencias contra la empresa acusada de tenencia ilícita de especies protegidas. Sin embargo, sería la actuación de los fiscales que instruyeron el caso los que desmerecieron la actuación de la UCO y del Juzgado de Instrucción. EL juez del caso, sin esperar a recibir el informe que la Autoridad Administrativa CITES estaba elaborando con la información remitida por la UCO y movido por la presión dellfiscal, archivó la causa el 5 de mayo de 2007. Pero para Greenepeace lo peor estaba aún por llegar: declaró el sobreseimiento provisional el 17 de mayo de 2007.
A pesar de los empeños de Greenpeace por reabrir el caso, el juez no ha revocado su decisión. Tampoco ha comunicado a la Autoridad Administrativa CITES el archivo de la misma y los hechos ni siquieran han sido sancionados por la vía administrativa. Por tanto, hasta el día de hoy, el delito sigue impune.
Con todo, además de la inoperancia de la Justicia española en la protección de las especies protegidas, el informe de Greenpeace ha puesto al descubierto una red de contrabando de maderas amenazadas con sede en España; redes de contrabando que, aunque no se sabe cómo entran en España, utilizan nuestro país como plataforma hacia otros países de la UE y extreacomunitarios. Y lo peor de todo, mientras Europa planea blindarse contra el tráfico de madera ilegal, en España se permite que quienes generan ese tráfico ilegal queden libres de cualquier responsabilidad penal y fiscal.
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